La revisión de un dato por la Fiscalía podía retrasar la salida de prisión del autor de la matanza de Atocha

En este sentido, Huete ha precisado que el dato a tener en cuenta es el tiempo en el que el condenado obtuvo la libertad condicional en los noventa antes de que se fugara a Sudamérica, ya que la entrada en el proceso de la defensa de las víctimas de la matanza el pasado junio ha revelado que puede haber dos fechas posibles 1996 o 1995, por lo que la situación está pendiente de que resuelva la Audiencia Provincial con un dictamen de la Fiscalía tras un informe del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid.

Ha añadido que también está pendiente de resolución la petición de nulidad de la liquidación provisional de condena por parte de la defensa de las víctimas, de la cual la Fiscalía ya ha informado en sentido negativo.

El pasado mes de mayo la Fiscalía Provincial de Ciudad Real no recurrió la salida de prisión del terrorista después de estudiar la liquidación provisional de pena realizada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ya que considera que el cálculo es correcto a pesar de que García Juliá todavía restaba de cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena.

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Después de que el abogado del terrorista se dirigiera a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena -por ser éste el último tribunal que emitió una sentencia en su contra por una causa distinta a la de la matanza de Atocha-, los magistrados le aplicaron 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil después de que fuera arrestado en diciembre de 2018.

A finales de junio, la defensa de las víctimas de la matanza de Atocha impugnó ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena. Además, esa misma asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.